Católicos y Política(IX)

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La tolerancia y el mal menor(II)

Seguimos con el padre Iraburu.  Muchos sacerdotes  y laicos dicen que la política es un tema opinable . Detrás de esto ocultan su ignorancia y su indiferencia hacia la doctrina de la Iglesia. Piensan que “tolerar” el error en sus hermanos es una virtud, pero en el fondo son cobardes porque prefieren que su hermano camine en el error antes de llevarlo por el camino de la verdad.

 

 

–El principio de la tolerancia es mal entendido cuando se aleja del sano realismo, antes aludido, y entra de lleno en un realismo morboso, que no solamente produce leyes imperfectas, sino que origina leyes injustas, criminales, contrarias a Dios, al orden natural y al bien común de los hombres. La ley inicua, en ese caso, «ya no será ley, sino corrupción de la ley» (iam non erit lex, sed legis corruptio: STh I-II,95,2).

Algunos hay que no entienden bastante que las leyes corruptas son corruptoras. Así como las leyes buenas son caminos que ayudan al pueblo a caminar hacia el bien, las inicuas le llevan a la perdición, no necesariamente, por supuesto. Muchas leyes inicuas de los actuales Estados liberales –democráticos o totalitarios– son caminos de perdición para el pueblo, están totalmente privadas de auténtica validez jurídica, y conducen a la degradación moral y cultural de una nación, a su disminución demográfica, a su debilitación y sujeción a otros pueblos más fuertes. Es muy difícil considerarlas en conciencia como males menores que deben ser tolerados.

–Los católicos deben aplicar el principio de la tolerancia con un discernimiento cuidadoso, que ha de estar libre de los condicionamientos mundanos, que son falsos, sutiles, continuos y muy poderosos. Puede iluminarnos en esta cuestión tan delicada la enseñanza concreta que da Juan Pablo II al tratar de las leyes reguladoras del aborto. En la encíclica Evangelium vitæ, de 1995, comienza por advertir que «en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral» (69).

Rechaza el Papa estas doctrinas, y afirma que «la raíz común de todas estas tendencias es el relativismo ético que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No falta quien considera este relativismo como una condición de la democracia, ya que sólo él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia» (70).

Reconoce Juan Pablo II, sin embargo, que «ciertamente, el cometido de la ley civil es diverso y de ámbito más limitado que el de la ley moral […] En efecto, la función de la ley civil consiste en garantizar una ordenada convivencia social en la verdadera justicia, para que todos “podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad” (1Tim 2,2)» (71).

Pero las leyes más criminales, como ya vimos (98), deben ser no sólamente desobedecidas, sin combatidas con fuerza, ya que nunca pueden ser toleradas en razón del mal menor. Concretamente, sigue diciendo el Papa, «el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas (cf. Rm 13,1-7, 1 P 2,13-14), pero al mismo tiempo enseñó firmemente que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29). Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas “no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños” (Ex 1,17). Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: “las parteras tenían temor de Dios” (ib.)…

«En el caso, pues, de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto.

«Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación […] En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos» (73).

Queda claro, pues, este principio doctrinal: la tolerancia del mal menor en cuestiones políticas y en otras es moralmente lícita, y a veces es un deber de conciencia, cuando el cristiano se ve en la obligación de elegir entre dos males, uno mayor y otro menor. Aunque, tratándose de opciones políticas, puede también a veces ser lícita la abstención del voto. Y nunca la tolerancia o la abstención eximen del grave deber de combatir las leyes injustas, procurando su derogación.

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