Doctrina política de la Iglesia. Por el Padre Iraburu (II)

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Las leyes civiles tienen su fundamento en un orden moral objetivo, instaurado por Dios, Creador y Señor de toda la creación, también de la sociedad humana.

De otro modo, se cae en el positivismo jurídico, propio del liberalismo, que conduce a la degradación de las leyes, a la disgregación de los pueblos en trozos contrapuestos, y al bien ganado menosprecio de los gobernantes y de sus leyes. No parecen los políticos pararse mucho a pensar que en no pocas encuestas figuran como los profesionales menos apreciados de todos los gremios.

Juan Pablo II, en la Evangelium vitæ, denuncia que «en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como normal», sea ello lo que fuere. «De este modo, la responsabilidad de la persona se delega en la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral, al menos en el ámbito de la acción pública» (69). La raíz de este proceso está en el relativismo ético, que algunos consideran «como una condición de la democracia, ya que sólo él garantiza la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría; mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia» (70). «De este modo [por la vía del relativismo absoluto] la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental» (20). «En efecto, en los mismos regímenes participativos la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía» (70). Por eso, «para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover» (71).

El liberalismo niega totalmente esos dos principios (La autoridad política viene de Dios y las leyes civiles tienen su fundamento en un orden moral objetivo). Todos los derivados políticos del liberalismo son hijos naturales suyos –democracia liberal, totalitarismos socialistas o comunistas, nazis o fascistas, dictaduras de un partido único o de líderes populares, etc.–, todos, como bien advirtió Pio XI (Divini Redemptoris 1937). Y todos, el liberalismo y todos sus hijos, aunque en modos diversos, niegan frontalmente que la autoridad política venga de Dios, y que las leyes positivas sólamente sean válidas si se fundamentan en el orden moral natural.

En mi opinión, el término de liberalismo, consagrado por el Magisterio apostólico, debe mantenerse –y se mantiene (38)–, porque es más exacto que otros equivalentes. El naturalismo es palabra sin sentido en los sistemas modernos que niegan un orden natural. Hablar de política racionalista es inadecuado, cuando quienes la propugnan niegan a la razón el poder de llegar a conocimientos objetivos de la verdad. Y el laicismo es término muy equívoco, pues laicos son precisamente los católicos.

El liberalismo fundamenta la autoridad de los gobernantes exclusivamente en el hombre, en su libertad –la soberanía popular, la mayoría de los votos, el partido único o el gran jefe popular o dinástico–. Las leyes, igualmente, se apoyan sólo en el hombre –«seréis como dioses, conocedores [determinadores] del bien y del mal» (Gén 3,5), en una mayoría de votos, en un partido carismático, en lo que sea, pero siempre en un positivismo jurídico absoluto, en un relativismo cambiante que rechaza la soberanía de Dios y a veces su misma existencia, y que no mantiene sujeción alguna a los presuntos valores morales de un orden natural objetivo.

El liberalismo es, pues, un ateísmo práctico (León XIII,1888, Libertas: 1,11,24). Ya en 1864 describía el papa Pío IX este ateísmo político y moral, según el cual «la razón humana, sin tener para nada en cuenta a Dios, es el único árbitro de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal; es ley de sí misma; y bastan sus fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de los pueblos» (Syllabus 3).

Por el contrario, numerosos documentos de la Iglesia, especialmente entre 1850 y 1950, rechazan esa doctrina y, con toda exactitud, comprobada históricamente en nuestro tiempo, anuncian las nefastas consecuencias que traerá consigo su aplicación práctica. (…)En efecto, hay que «rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión» (LG 36

¡ que arda tu corazón!

 

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