La autoridad viene de Dios. Y las leyes se fundan en el orden natural(4)

politicos

 

Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium vitæ, denuncia que «en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como normal», sea ello lo que fuere.

Según esto, «la responsabilidad de la persona se delega en la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral, al menos en el ámbito de la acción pública» (69). La raíz de este proceso está en el relativismo ético, que algunos consideran «como una condición de la democracia, ya que sólo él garantiza la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría; mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia» (70). «De este modo [por la vía del relativismo liberal] la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental» (20). Y a él ha llegado ya, pues «en los mismos regímenes participativos la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía» (70).

«Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge, pues, descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover» (71; cf. también Nota 2002, 2-4).

La batalla de Benedicto XVI contra el relativismo comenzó en el mismo inicio de su pontificado. Y la mantiene hasta hoy: «todos los hombres están llamados a reconocer las exigencias de la naturaleza humana inscritas en la ley natural y a inpirarse en ella para formular leyes positivas, que rijan la vida en la sociedad. Si se niega la ley natural, se abre el camino al relativismo ético y al totalitarismo» (16-VI-2010).

Los católicos liberales son círculos cuadrados. Muchos políticos cristianos de Occidente han aceptado el ateísmo práctico del liberalismo en la vida política, primero como hipótesis prudencial de gobierno, y hace ya tiempo como tesis. Y a pesar de que profesan «la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión» (LG 36), sin embargo, se atreven incluso a fundamentar su posición anti-cristiana en la doctrina del Vaticano II. Pero el concilio enseña justamente lo contrario: enseña «el deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo» (DH 1). Y manda, sobre todo a los fieles católicos, que «en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios» (LG 36).

Los católicos que militan en un partido liberal, aunque tenga éste cierta inspiración cristiana, jamás pronuncian en público la palabra Dios, que viene a ser el Innombrable, algo próximo al Inexistente. Toda alusión a Dios debe ser evitada sistemáticamente en la moderna vida política, pues es contraria a la unidad y la paz entre los ciudadanos, y es causa probable de separación y enfrentamientos. El bien común político, por tanto, ha de ser procurado «como si Dios no existiera». Y la fe personal que puedan tener los políticos cristianos debe quedar silenciada y relegada absolutamente a su vida privada.

La Constitución Española de 1978 es agnóstica, y por tanto liberal. Ya en su mismo inicio establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (Constitución española, 1978, art. 1,2). Esa soberanía popular puede entenderse de muchos modos, pero en su significación más obvia puede hacer lícito y constitucional el aborto, el divorcio rápido sin causa, el «matrimonio» homosexual, la eutanasia, la poligamia y todo aquello que los poderes del Estado, fundamentados en la soberanía del pueblo español, estimen en cada momento conveniente para el bien común, pues prescinde por sistema de toda referencia a Dios, a la ley natural y también a la tradición histórica nacional.

Don Marcelo, Cardenal González Martín, antes del referéndum sobre la Constitución, advertía que el texto, en temas de suma importancia –matrimonio, familia, aborto, divorcio, educación, medios de comunicación, etc.– quedaba abierto, o insuficientemente cerrado, a enormes crímenes legales, destructores de la nación (28-XI-1978). Y sus previsiones se han cumplido. Y seguirán cumpliéndose.

«Estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica a una nación de bautizados, de cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. El nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano. Pero su exclusion puede ser también un olvido demasiado significativo». Un silencio que explica «la falta de referencia a los principios supremos de ley natural o divina. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes». Y advierte finalmente: «Cuando por todas partes se perciben las funestas consecuencias a que está llevando a los hombres y a los pueblos el olvido de Dios y el desprecio de la ley natural, es triste que nuestros ciudadanos católicos se vean obligados a tener una opción que, en cualquier hipótesis, puede dejar intranquila su conciencia»: si la aceptan, por ir contra la conciencia; y si la rechazan, por verse como causas de división. Pero «la división no la introducen ellos, sino el texto presentado a referéndum».

Quienes, por gracia de Dios, colaboramos un tiempo, aunque breve, con Don Marcelo, sabemos bien que no le importaba nada quedarse solo en algunas cuestiones. En este caso concreto, tenía claro que el Magisterio de la Iglesia estaba con él. Pocos años antes, en 1961, había escrito el papa Juan XXIII en la Mater et Magistra (217):

«La insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable, o, lo que es lo mismo, prescindiendo de Dios; y querer exaltar la grandeza del hombre cegando la fuente de la que nace y se alimenta, esto es, obstaculizando y, si fuera posible, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios. Los acontecimientos de nuestra época, sin embargo, que han cortado en flor las esperanzas de muchos y arrancada lágrimas a no pocos, confirman la verdad de la Escritura: “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles” (Sal 127,1)».

Apuntes del libro católicos y política del padre Iraburu

4 comentarios

    • Demos las gracias al Padre Iraburu. Entre muchos católicos está extendida la idea de que se puede militar en cualquier partido político y nada más contrario a la doctrina que siempre ha enseñado la Iglesia. Se ha extendido la idea, que la política es un campo apartado de la conciencia y así nos va. Hasta muchos sacerdotes se permiten el lujo de ser liberarles y dar la bendición a tantos políticos que no han movido un dedo para eliminar la ley del aborto y otras tantas contrarias a la ley natural.

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